Nicole, una madre que vive en el condado de Pinellas (Florida), se enteró por primera vez hace cinco años de que estaban retirando ciertos libros de las escuelas de sus hijos. Ellos mismos notaron que algunos títulos ya no estaban disponibles, y ella lo confirmó hablando con profesores y bibliotecarios. Ante esa realidad, Nicole optó por comprarles a sus cuatro hijos por su cuenta los libros que ya no podían encontrar en la escuela, aunque reconoce que la suya está lejos de ser la realidad de la mayoría de las familias.

Y explica que retirar los libros de las escuelas marca, en la mayoría de los casos, la diferencia entre que los niños puedan acceder a ellos o no.

Las bibliotecas de las escuelas públicas de EE.UU. se han convertido en el campo de una intensa batalla ideológica de la que hacen parte padres de familia, profesores, bibliotecarios, grupos de activistas y políticos en torno a qué libros deben estar disponibles para los niños.

Según la Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación de Bibliotecas de EE.UU. (ALA, por sus siglas en inglés), solo en 2025, 6.588 libros fueron censurados en alguna escuela pública del país, un aumento dramático frente a los 70 que se censuraban en promedio cada año entre 2001 y 2020.

Y, sin embargo, las organizaciones que siguen de cerca el fenómeno creen que el número real podría ser mucho mayor, pues gran parte de la censura pasa por debajo del radar.

Este aumento inédito se ha dado a la par de la aprobación de decenas de leyes estatales, e incluso algunas federales, para restringir el acceso a libros que se consideran inapropiados en las escuelas públicas. En otras palabras, lo que empezó como una tendencia promovida por algunos grupos conservadores hoy se ha convertido en largas listas de libros que circulan por los escritorios y correos electrónicos de políticos y funcionarios. En la gran mayoría de ocasiones, los libros se retiran de las escuelas sin siquiera revisar su contenido completo.

Las organizaciones que promueven este tipo de restricciones y los funcionarios que las permiten señalan que su único interés es evitar que los niños estén expuestos a material que no es adecuado para su edad y defienden el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.

Cómo se prohíben los libros

Las prohibiciones de libros en las escuelas públicas de EE.UU. no ocurren de forma uniforme a lo largo del país ni siempre de la misma manera. Florida y Texas, por ejemplo, concentran cientos de casos, según los cálculos de PEN America y ALA, mientras que en estados como Oklahoma y Nuevo México no se registra ninguno.

El proceso para retirar de una escuela pública un libro consiste habitualmente en que, si un padre de familia u otro ciudadano lo considera inapropiado, presenta una objeción ante la autoridad educativa del condado.

Aunque hay diferencias de estado a estado, por lo general las objeciones son revisadas por un comité experto que emite un concepto técnico, con base en el cual la autoridad del condado toma, a su vez, la decisión de mantener o retirar el libro de las escuelas.

En los últimos años, este tipo de objeciones se ha disparado, y además han surgido otros mecanismos para prohibir libros.

En los estados de Utah y Carolina del Sur, por ejemplo, hoy existen listas de “no leer” que aplican a lo largo del estado, gracias a leyes recientes que buscan prevenir la exposición de los niños a material que se considera dañino, indecente o pornográfico.

El efecto inhibidor

Según William Johnson, director de la oficina de Florida de PEN America, las repercusiones del caso fueron mucho más allá del condado de Hillsborough. Luego de las cartas y el interrogatorio al superintendente “PEN America documentó que al menos nueve distritos escolares de Florida (además del de Hillsborough) retiraron cientos de libros de las aulas y bibliotecas antes del inicio del año escolar sin que se completara el proceso habitual de revisión de esos materiales para evitar el riesgo de sanciones por parte del estado”.

Es un ejemplo de lo que se conoce como chilling effect o efecto inhibidor: los profesores, bibliotecarios o directores de las escuelas deciden retirar o reemplazar ciertos libros para evitarse problemas, especialmente aquellos que saben que pueden resultar controversiales.

Por ejemplo, los libros que incluyen personajes de la comunidad LGBT+ o que abordan temas de género, raza y sexualidad son objeto de esfuerzos de censura de forma desproporcionada. Un 39% de los títulos objetados en 2025 incluían historias de personas LGBT+ o de minorías, según ALA.

Según Gianmarco Anstosca, este efecto ocurre gracias a que varios estados han pasado leyes contra la obscenidad y la pornografía en las escuelas que incluyen conceptos amplios y vagos en los que no está claro qué cabe y qué no. Como ocurrió con el superintendente de Hillsborough, los educadores y bibliotecarios se podrían verse sometidos a escrutinio público e incluso a investigaciones judiciales, así que simplemente deciden evitarlo. “En lugar de arriesgarse a tomar la decisión equivocada, [las escuelas] prefieren retirar los libros primero y preguntan después”, explica Johnson.

El debate sobre los “derechos parentales”

La tendencia a prohibir libros en las escuelas públicas de EE.UU. en los últimos años no ha tenido un único promotor, pero sí ha habido una coordinación de organizaciones conservadoras que invocan los llamados “derechos parentales” para objetar libros y hacer lobby. Por derechos parentales, se refieren específicamente a poder decidir sobre la educación de sus hijos.

Descovich, directora ejecutiva de la organización Moms for Liberty, argumenta que “los padres tienen el derecho y la responsabilidad fundamentales de garantizar que sus hijos estén protegidos de contenidos que socaven su inocencia o promuevan ideologías que puedan generar confusión”.

En la misma línea, un documento de Citizens for Freedom (Ciudadanos por la libertad), otro colectivo activo en la causa, plantea que son los padres, y no el estado ni la escuelas, quienes tienen la autoridad “otorgada por Dios” de “criar, educar y formar moralmente a sus hijos”.

Pero hay una discusión abierta sobre si en realidad son los padres de familia quienes están realmente detrás de estos intentos de retirar libros de las estanterías de las escuelas.

De acuerdo con la Oficina para la Libertad Intelectual de ALA, el 92% de las objeciones de libros en 2025 fueron iniciadas por grupos de presión y funcionarios del gobierno.

“Lo que hemos documentado es que un número relativamente reducido de personas y grupos organizados de defensa de determinadas causas ha presentado una proporción desmesuradamente alta de las objeciones”, señala Johnson, de PEN America.

Ferrell, quien además de directora de FFTRP es madre de dos hijos que asisten a escuelas públicas del condado de Orange (Florida), señala que “nunca ha habido pruebas de que los esfuerzos hayan surgido de padres y madres con hijos actualmente matriculados en las escuelas públicas”.

“Desde el principio, el movimiento ha estado liderado por grupos de interés con escasos vínculos con el sistema de educación pública”, agrega.

BBC Mundo pidió una entrevista con Moms for Liberty para, entre otras cosas, corroborar esta información, pero no le fue concedida.

Nicole, la madre de cuatro hijos que vive en el condado de Pinellas, le dice a BBC Mundo que, precisamente porque cree en los “derechos parentales”, no está de acuerdo con la prohibición de libros en las escuelas.

“Muchas de las personas que promueven retirar libros dicen que lo hacen en defensa de los derechos parentales, pero, al prohibir libros, están decidiendo también lo que es mejor para otros niños que no son sus hijos. Y de esa manera están pasando por encima de los derechos parentales de otros”.

Por eso, Nicole considera que quienes están tratando de prohibir libros no solo quieren decidir sobre la educación que reciben sus hijos, sino que también buscan “controlar lo que las personas aprenden y cómo”.

Los opositores a la prohibición de libros señalan, además, que los “derechos parentales” no socavan la autoridad que tienen los bibliotecarios profesionales para construir catálogos pensados para atraer a los niños a la lectura de acuerdo con su conocimiento técnico y de su comunidad.

Son ellos, dice Johnson, quienes están “capacitados para evaluar los libros en función de su idoneidad para cada edad, el desarrollo infantil, los objetivos educativos y su mérito literario”, aunque los padres puedan seguir dando sus opiniones y recomendaciones.

Según la ley federal, los materiales que circulan en las escuelas deben ser evaluados con el test de Miller, que sopesa el nivel de obscenidad de un libro junto con su valor literario, informativo, intelectual y cultural.

(Fuente: BBC Mundo)